Cine y capital social

Confianza en quienes nos rodean. En eso debió pensar aquél Truman Burbank en “El Show de Truman” cuando, al salir de su casa como cada día, y tras caerle un foco del cielo, comenzó a sospechar de cuantos rodeaban su vida cotidiana: sus vecinos, amigos...hasta de su propia familia. También la confianza (a veces mezclada con el temor y la subordinación) era lo que inspiraba a la familia Corleone en la trilogía de “El Padrino” para poner en marcha sus ilícitos negocios. En lo que se apoyaban los vecinos de una aldea galesa en la -poco conocida pero genial- “El Inglés que subió una colina pero bajó una montaña” para conseguir que su bucólico pueblo apareciera en los mapas. O a lo que apelaba Gary Cooper en el clásico 'Solo ante el peligro' al pedir ayuda a sus conciudadanos, en una obra maestra que a pesar de los años transcurridos aún hoy en día se mantiene fresca y atractiva de ver.

El cine nunca ha rehusado abordar temas políticos desde una perspectiva de denuncia, constituyendo así una herramienta muy importante para afianzar la conciencia política de los espectadores. También lo ha hecho mostrando cuestiones sociológicas tan cotidianas como la interconfianza entre los grupos sociales, en especial los más básicos (la familia, los vecinos, etc.) Y, desde luego, ha usado situaciones variopintas para plantear conflictos que encierran un montón de debates interesantes.

Todas las películas que hemos mencionado antes comparten, salvando sus diferencias argumentales, el siguiente dilema, que podríamos plantear a grandes rasgos así: ¿tenemos en quién apoyarnos si necesitáramos ayuda?

¿Y si hoy nos hiciéramos la misma pregunta? Para responder, vamos a recurrir a un artículo de ‘El País Semanal’ del pasado julio de 2016. Este artículo  remite, a su vez,  a una encuesta anual de la empresa Gallup sobre la existencia y calidad de las redes sociales con las que pueden contar las personas en caso de enfrentarse a algún problema. Se preguntó a los encuestados lo siguiente: “si tuviera problemas, ¿cuenta con alguien en quien apoyarse?”. Un 79% de los encuestados contestó afirmativamente. En el caso de Nueva Zelanda, ese porcentaje aumenta hasta el 99%, (otra cifra positiva para este país situado a la cabeza la mayoría de rankings de índice de Desarrollo Humano y bienestar social, así como seguridad ciudadana y corrupción política, donde se sitúa en los puestos más altos en cuanto a escasez de corrupción). España, por su parte -aunque en este último aspecto tengamos mucho que mejorar- sale muy bien parada en cuanto al aspecto del “soporte social”, en el tercer puesto de dicho ranking (con un 96% de encuestados que responden afirmativamente a la cuestión anterior)

En el ámbito de la sociología, en relación con lo anterior, una abundante literatura ha desarrollado la idea de “tejido” o “capital social”, en la que destacan Robert Putnam o James Coleman. El Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), señala que surge dicho tejido social cuando “el conjunto de redes personales, estructurales, formales y funcionales de iniciativas o asociaciones se constituye en un activo para los individuos y la sociedad, ya que les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.” Un estudio de la Fundación Alternativas de 2014 que menciona este concepto, añade que “el tejido social constituye el telar de valores y cultura de una sociedad donde el individuo participa para evitar su aislamiento y potenciar sus principales relaciones sociales, así como los valores de confianza y la solidaridad”.

En el caso de Truman o en el clásico de Fred Zinnemann (sin ánimo de spoilers), sus protagonistas no tenían tanta suerte: la apatía hacia los problemas sociales, el engaño colectivo, la desconfianza, un espíritu extremadamente individualista, o el miedo a ser castigados de alguna forma, son elementos que socavan las relaciones interpersonales, pero si vamos más allá, la propia participación política, el compromiso cívico (pues sólo podemos ponerlo en práctica en sociedad) o las propias ideas de ciudadanía o incluso de democracia se desmoronan.

Entonces, la existencia de un “capital social” fuerte es algo de lo que una sociedad debe sentirse orgullosa. En el caso de España, durante los momentos más duros de la crisis económica que estalló allá por 2008,  las familias, las ONGs y la sociedad civil han estado entre los actores que más han ayudado a resistir los embates más duros de la recesión (el paro y sus efectos, principalmente) y de las políticas de recortes presupuestarios en algunos servicios públicos, constituyendo un colchón muy importante en este aspecto. Sobre ello se pronuncia un informe de Cáritas y la Fundación FOESSA (que hace referencia a los años 2007 a 2013, durante la mayor agudeza de la crisis económica) según el cual la sociedad española se ha caracterizado “por una fuerte comunidad primaria especialmente familiar y también intensa en sus relaciones entre amigos y vecinos, junto con un tejido secundario débil y altas instituciones que no están conectadas con esa gran creatividad y dinamismo de la base social”. Sin embargo, afirma también que “el capital social está evolucionando en sus formas y muchas de estas son capaces de encauzar un modelo alternativo, acelerando esa recreación de redes, redescubrimiento de valores y regeneración de las instituciones”.

Ello contrasta con la escasa confianza que tienen los españoles hacia en el Gobierno, así como hacia la clase política, estando éstas junto con “la corrupción y el fraude” -entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas del CIS-. Al mismo tiempo, el nivel de asociacionismo de carácter político en España es escaso, en comparación con otros países de nuestro entorno sociopolítico, si bien la implicación hacia la política ha repuntado en los últimos años, reflejando un mayor interés hacia la misma, lo cual es muy positivo.

En definitiva, son datos interesantes a la hora de tener en cuenta las circunstancias sociales por las que atravesamos, destacando el incremento de la desigualdad y la pobreza.

Un tejido social fuerte repercute en todos los aspectos positivamente: mayor confianza interpersonal, terreno para cultivar virtudes cívicas como la participación ciudadana...todo lo opuesto a lo que sucedía en El Show de Truman, el clásico de Fred Zinnemann o en una sociedad propia de un 'western' en la que imperase el "sálvese quien pueda". Se trata, en definitiva, de un activo social que debemos cuidar, y los poderes públicos, potenciar.

Este artículo obtuvo el 3er puesto del I Concurso de Divulgación Política, en la modalidad de ensayo, organizado por la web Cámara Cívica. 

Los "becarios", al debate público

La realidad del “becario” es algo que aún no ha saltado, de forma generalizada, al debate público, aunque algunas polémicas surgidas recientemente -con prestigiosos cocineros por protagonistas- pueden emplearse como detonante para denunciar una realidad a la que, por desgracia, se ven sometidos muchos jóvenes.

Como la idea de “becario” es algo difusa, lo primero es distinguir entre la “beca”, los contratos “en prácticas” en sentido estricto, y los “contratos para la formación y el aprendizaje”. La primera es fruto de un "acuerdo" entre una entidad educativa y el centro de trabajo, en el que el becario percibe una cantidad en concepto de beca, que por lo general no suele ser muy cuantiosa. O a veces, no percibe nada, como sucede en los casos en los que las “prácticas” forman parte de una asignatura de los grados universitarios (y cuyos créditos, eso sí, costea el estudiante, como sucede con las demás asignaturas de las que se matricule). En esta versión, el estudiante debe recibir una formación, que en muchos casos supone toda una experiencia muy valiosa, Pero esto no siempre es así, y finaliza desempeñando tareas nada formativas (la caricatura de llevar cafés y hacer fotocopias...) o bien propias de una actividad puramente laboral.

La segunda modalidad es el “contrato en prácticas” en sentido estricto, contemplado en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de los “contratos formativos”, conformados por el que comentamos ahora y el del párrafo siguiente. Dicho contrato se prevé para quienes “estuvieren en posesión de título universitario o de FP (…) o reconocidos como equivalentes”, dentro de las reglas que establece dicho precepto. Entre ellas, vamos a resaltar que el contrato “debe permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios”; que su duración no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años; y que su retribución será la fijada en el convenio colectivo correspondiente. Ésta, eso sí, no podrá ser menor del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha fijado en 707, 60€/ mes para 2017.  Tampoco un dineral, pero menos es nada...

También se prevé, como tercer tipo, la modalidad del “contrato para la formación y el aprendizaje” (artículo 11.2 del ET). Dicho contrato está pensado para “alternar la actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa”, y para personas de entre 16 y 25 años que “carezcan de la cualificación profesional” necesaria para concertar el contrato en prácticas del que hablábamos antes. La finalidad formativa de este tipo de contrato se ve reforzada al decir el ET que “la actividad laboral desempeñada deberá estar relacionada con las actividades formativas” y que la impartición de esta formación “deberá justificarse a la finalización del contrato” -párrafo d), art. 11.2 ET-. Eso sí, su retribución, aunque se establezca “en proporción al tiempo de trabajo efectivo”, “en ningún caso podrá ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo”.

Para sintetizar un poco la cuestión, el Tribunal Supremo estableció, en su Sentencia de 22 de noviembre de 2005, de la Sala de lo Social, que “si del correspondiente examen (de cada situación) se obtiene que la finalidad fundamental del vínculo no es la de contribuir a la formación del becario, sino obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la actividad de gestión del concedente, la conclusión es que la relación será laboral”. En definitiva que la "línea roja" -no siempre clara- que separa a ambas relaciones es, a grandes rasgos, el desempeñar una actividad laboral, una labor que redunde en beneficio del empleador.

Hasta aquí, la teoría. La realidad es, por desgracia, otra cosa. Según el Instituto Nacional de Estadística, en una situación en la que el desempleo juvenil en España es del 41,5% (sólo superados por Grecia), nos encontramos con que de los jóvenes empleados la tasa de temporalidad es del 56%, alcanzando el 73% en el caso de menores de 25 años. Organismos como la OCDE ya han alertado de la situación y de la mala calidad del empleo. Pero aún hay más. Según el informe de la Comisión Europea 'The experience of traineeships in the EU' , el 58% de los becarios en España no percibe remuneración alguna durante sus prácticas. De entender esto como que los períodos de prácticas (a los que alude el Estatuto de los Trabajadores que mencionábamos antes) no se remuneran, estaríamos (además de ante una clara ilegalidad) ante una situación en la que la solución parece, de entrada, aplastantemente simple: bastaría con aplicar la ley y hacer que se cumpla.

Este hecho genera, además, la siguiente situación, que describe muy bien Javier Padilla en su artículo “Una agenda política para los jóvenes”: los más perjudicados son los jóvenes de las familias menos pudientes, que no pueden permitirse estar un largo tiempo sin cobrar. 

Sin embargo, además de esto, no todo es tan sencillo. De entrada, y como apuntaban los ponentes de la conferencia “Europa y el desempleo juvenil”, celebrada recientemente, hay una falta de concienciación de los jóvenes en estas situaciones. Parece algo que hay que asumir, aunque sea injusto, piensan algunos. Pero ya no se trata de preferencias empresariales, políticas o personales: es el cumplimiento de la ley, y el reconocimiento de la dignidad básica del trabajador, por joven que éste sea, y más, si cabe, en una realidad laboral tan precaria como la actual.

Los principios, también en política exterior

Recientemente, España ha anunciado su deseo de potenciar las relaciones con Rusia en un amplio abanico de cuestiones, pero sobre todo las económicas, especialmente en ámbitos como el turismo o la energía. De entrada, es algo loable: se puede relanzar el sector turístico -ya de por sí pujante- entre el público ruso. Y en el ámbito de la energía, un sector en el que España se caracteriza por una acusada dependencia energética del exterior, la postura del Ministerio es una buena noticia. 

Sin embargo, el Gobierno español podría, como ya han hecho otros, aprovechar la ocasión para denunciar ante el ejecutivo ruso la persecución hacia la población homosexual por parte de las autoridades chechenas. Según diversos medios y ONGs, se está sometiendo a esta población a una persecución vergonzosa, en la que se arresta y tortura, impunemente, a hombres gays o “sospechosos de serlo”. Gobiernos como el alemán o el francés, así como la Cámara de los Comunes británica ya han condenado los hechos e instado al Kremlin a investigar tal atropello a los Derechos Humanos más básicos.

Y es que una política exterior no puede guiarse sólo por los intereses económicos: también por valores que debemos defender, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que no pueden constituir moneda de cambio alguna.

En la actualidad, estamos viviendo un cambio de paradigma en el que no podemos permanecer impasibles. Mientras EEUU parece renunciar a su papel de hegemon que le caracterizaba tras la Guerra Fría, una ola de cinismo, nacionalismo, proteccionismo y ultraconservadurismo ha recorrido el globo, desde Rusia, pasando por Turquía, algunos países del Este de Europa (Hungría, Polonia), hasta atravesar el Reino Unido postbrexit y dar de lleno en el corazón de Washington. En medio de tan sombrío panorama, se encuentra una UE que, tras perder a uno de sus principales pesos pesados, ha de rearmar su discurso. Pues, al tiempo que no puede contar con los EEUU, uno de sus aliados tradicionales, se ve sometida a los intentos del Kremlin de ejercer su influencia en las políticas internas de los Estados europeos, a los peligros del terrorismo alimentados por una interpretación reaccionaria del Islam; a las dificultades de, en definitiva, apuntalar el edificio en construcción en mitad de un temporal inclemente.

Es en el ámbito de la política exterior donde podemos, especialmente, poner en práctica nuestros principios. Como recordaba el profesor Núñez Villaverde, “debe existir una coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones”, entre lo que los Gobiernos defienden dentro de nuestras fronteras, y lo que manifiestan fuera de ellas. Dicha coherencia puede ponerse de manifiesto, de entrada, alejándonos de esta corriente que por lo cínica, simplista y maniquea resulta hasta fácil de abrazar, y que se resume en lo siguiente: el mundo es un lugar peligroso, en el que cada actor busca su propio beneficio, incluso por encima de sus principios, sin que exista una “comunidad internacional” como tal. Esta idea, que con palabras similares plasmaron en el Wall Street Journal McMaster y Cohn -asesores de la Administración Trump- supone dar un cheque en blanco a una visión regresiva y, si lo llevamos al extremo, hasta darwinista, de lo que implican las relaciones exteriores de un Estado de Derecho. El paradigma wilsoniano, que abanderaba teóricamente la lucha por los derechos humanos en la acción exterior, es sustituido por otro, si queremos, maquiavélico, en el que sólo importa la “razón de Estado”. Esto es lo que el 'America first', por encima de la defensa de los derechos humanos, de la lucha contra en cambio climático, o del comercio internacional entre otros ámbitos, parece encerrar.

Europa no puede caer en tales concepciones. Nuestro continente ha decidido abrazar unos principios, recogidos en diversos Tratados vigentes, que son (o deberían ser) innegociables.

Quizás, en un exceso de autoconfianza o de ingenuidad, hemos dado por conquistados tales principios. Pero es precisamente, cuando están amenazados, cuando debemos defenderlos y plasmarlos en las agendas políticas. En los últimos años, como recuerda Tony Judt, una tendencia “antiideológica” parece haber cedido en aras del pragmatismo, cuando no del relativismo (“todo vale”). No se trata de rechazar de pleno estos últimos o de enarbolar la politización absoluta de la cosa pública, y menos de establecer unos “valores inmutables” blindados a toda crítica, pero sí de admitir que existen valores inherentes a cualquier sociedad que se precie civilizada (sea “occidental” o no). Probablemente sea necesario, al fortalecer el relato europeísta, una repolitización...pero esto es ya para otro artículo.

Volviendo al papel de los principios que comentábamos antes, no pueden ponerse sobre la mesa y supeditarlos a intereses monetarios, como si de una vulgar partida de póker se tratara, principios como la dignidad de las personas, la seguridad, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de la igualdad de oportunidades o el libre desarrollo de las personas al margen de su credo religioso, orientación sexual, etc.

Y es que, en el momento en que un acuerdo de suministro de material militar (p. ej, con Arabia Saudí) pesa más que la seguridad de quienes pueden verse amenazados por el DAESH; que construir un gaseoducto con Rusia supone callar ante los abusos a los DDHH que el país efectúa; o que el establecimiento de empresas en China implica canjear beneficios económicos por derechos laborales básicos, estamos admitiendo que los principios cuentan, pero hasta cierto punto. Si bien sería iluso afirmar que los principios no pueden admitir gradaciones (pues algunos, como la dignidad o la igualdad, pueden ser más importantes que otros), y que debe existir, con matices, una proporcionalidad entre medios y fines, en ningún caso un Estado de Derecho puede abrazar la máxima de que “el fin justifica los medios”.

¿Qué es el Derecho Transicional? Unas pinceladas

Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Bosnia y Herzegovina, España, Sudáfrica... todos ellos, con sus diferencias, tienen en común la experiencia histórica de haber pasado por procesos de transición de distinta índole, hacia regímenes democráticos. Y es que, como señalaba el profesor Javier Chinchón en “Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz”: “los últimos decenios han sido testigos del inicio de un número sin precedente de procesos de transición en el mundo”.

 

El aspecto que aquí nos interesa es que, durante o finalizadas dichas etapas transicionales, se pusieron en marcha diferentes prácticas (procesos judiciales, creación de órganos administrativos, programas de reparación, etc) para saldar cuentas con los crímenes que pudieran haberse cometido en los regímenes anteriores.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe “Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales”¹ usa el término “justicia transicional” para aludir a "toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”.

Según este informe, los objetivos básicos de la justicia transicional serían:

-La obligación del Estado de “investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (...) y de castigar a los culpables”.

-El “derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado” y lo sucedido con las personas desaparecidas (a través de, por ejemplo, las llamadas “Comisiones de la Verdad”)

-El “derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación” (mediante los tribunales de justicia u otros órganos)

-La obligación del Estado de “impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro”. En este punto juegan un papel importante los órganos nacionales, pero también los internacionales.

En definitiva, como sintetiza el profesor Ignacio Forcada en "Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el derecho se convierte en religión", nos encontramos ante herramientas (y, por tanto, debates) relacionados con la justicia retributiva (castigar a los culpables de violar los DDHH); justicia reparadora (que la sociedad sepa qué sucedió) y la justicia institucional (que las instituciones eviten la repetición de tales actos) Debates de contenido jurídico (apelando al derecho nacional e Internacional), pero también político, ético y hasta filosófico, que no resultan nada sencillos.

Por su parte, el profesor Valencia Villa exponía en su conferencia "Introducción a la Justicia Transicional” que, para los fines que anteriormente mencionábamos, los distintos Estados “han ensayado diversas fórmulas para combinar verdad, memoria, castigo, depuración, reparación, reconciliación, perdón y olvido, en un esfuerzo inédito por ponerse en regla con su propio pasado de barbarie e impunidad” 

Además, el progresivo desarrollo de los mecanismos de justicia transicional y las diversas experiencias en las que se ha puesto en marcha, a lo largo de las últimas décadas, han reforzado su carácter “integral”, pues ya no se trata sólo de investigar y reparar los agravios cometidos, sino también ampliar esto a la esfera de los conocidos como derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es así, entre otras razones, porque, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,”los derechos civiles y políticos también protegen aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales”. Así,estos se consagran en numerosos tratados y convenciones internacionales, como la Declaración Universal de los DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o las numerosas convenciones sobre los derechos de la infancia, las mujeres, los discapacitados, inmigrantes, etc.

Pensemos, por ejemplo, en los impactos de las discriminaciones raciales en la Sudáfrica del Apartheid, las desapariciones de opositores políticos en Chile y Argentina, los bosnios que se vieron privados de sus viviendas durante la guerra de los Balcanes en los años 90, los desplazados de Colombia a causa del conflicto con la guerrilla, etc. En estos casos, diversos órganos judiciales y/o administrativos, ya fueran la Corte Interamericana de Justicia o las Comisiones de la verdad, han abordado las violaciones de los DESC relacionadas con las violaciones de derechos civiles y políticos, en el contexto de los procesos de transición. Así, se han denunciado cuestiones como la situación de los presos en el régimen de los Jemeres Rojos, los trabajos forzados en Sierra Leona, las purgas de funcionarios en Bosnia y Herzegovina reportado y han reconocido derechos a personas desplazadas o a familiares de desaparecidos (en el ámbito de la educación o la salud, en forma de pensiones a modo de indemnización, por ejemplo, como ha sucedido en Chile)

No obstante, poner en práctica los mecanismos que describimos aquí es complicado. En numerosos procesos de transición, como sucedió en Chile, Argentina o España, las ansias de justicia tuvieron que someterse, por desgracia, a la realidad de la época: miedo a la reacción de determinados sectores o del Ejército, intereses creados de tipo político (ganarse el favor de los políticos o funcionarios del régimen anterior) o económico; en definitiva, miedo a perder lo conseguido en la incipiente democracia, por remover el pasado. Huntington lo señalaba en ' The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century'  con toda la crudeza: “si los perpetradores siguen reteniendo una amplia base de poder es mejor no enjuiciarlos: los costes políticos serían mayores que cualquier beneficio moral”.

Entonces, como señala Forcada, se ha generado un debate entre los “realistas” y los “legalistas”. Los primeros abogan por un análisis coste-beneficio entre las necesidades de la justicia (que los culpables paguen) y lo que las circunstancias reclaman (la paz, que la transición culmine con éxito, etc.) Desde esta óptica, las leyes de amnistía estarían justificadas, si se considera que resuelven el dilema anteriormente planteado. Huntington podría encontrarse en este grupo. Los segundos consideran que lo correcto, lo ético, es que se haga justicia (porque así lo exige el Estado de Derecho), aunque ello pueda tener efectos colaterales no deseados. Creen que no se puede analizar la cuestión desde la perspectiva de la “realpolitik”, y apelan a las normas de 'ius cogens' del Derecho Internacional, que son innegociables y vinculan a todos los Estados. Por ello, recelan como norma general de las leyes de amnistía. Pero, ¿en todos los casos? ¿votarían en contra del acuerdo de paz planteado en 2016 en Colombia y, al mismo tiempo, de la Ley 46/1977 de Amnistía española?

Como vemos, el debate sobre la justicia transicional es sumamente complejo. Además, y como se preguntaba Schmitter , coautor del clásico de la Ciencia Política 'Transitions from authoritarian rule', ¿pueden establecerse patrones generales a partir de casos comparados, que sirvan para un amplio grupo de países con diferentes regímenes, experiencias históricas y normas culturales? 

El mundo del Derecho, las Ciencias Políticas, la Sociología o la propia transitología como disciplina; ONG's como Human Rights Watch o Amnistía Internacional; instituciones como el Centro Internacional para la Justicia Transicional o la misma ONU se plantean, entre otras, estos complicados dilemas.

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Un balance del complejo 2016

Realizar un balance de cualquier año es algo complejo y ambicioso a lo que, sin embargo, se aventuran numerosos medios de comunicación, además de analistas desde todos los puntos de vista: político, económico, cultural...todo ello, aderezado con especiales anejos a los periódicos, números extra de revistas, etc.

En este blog no iremos tan lejos, pero sí que aprovecharemos el fin de año para este post esbozando un balance de un año 2016 especialmente complejo, lleno de aristas y incertidumbres que auguran un 2017 ante el que estaremos, como poco, expectantes.

Si tuviéramos que poner un título a este año, probablemente la Fundación del Español Urgente (FUNDEU) nos daría una pista, pues no en vano eligió ayer “populismo” como palabra del año. Y es que este 2016 ha sido testigo del surgimiento (o resurgimiento, según se mire) de fuerzas políticas que, a lo largo del globo y desde prismas ideológicos muy distintos, pueden catalogarse como “populistas”, un término que no es inocente y que admite muchas interpretaciones. Para Henri Lévy, implica “una confianza ilimitada en los recursos y en la capacidad del pueblo, y desconfianza hacia todo aquello que podría (…) diferir de su justa expresión”. Sin embargo, no todos lo conciben así: Así, para Ernesto Laclau, es “una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas, una manera de construir lo político."

En general, se ha usado dicho término de forma despectiva, y de hecho buena parte de la clase política, los analistas y los ciudadanos ignoraban o menospreciaban el potencial de discursos como el que cobró fuerza las semanas antes del 23 de junio. Nadie se imaginaba que la mayoría de votantes del Reino Unido decidiera, vía referéndum, abandonar la Unión Europea, el proyecto al que este país se encontraba irremediablemente vinculado -pero del que siempre había recelado-. Tras una campaña sucia y demagógica, en la que no faltó el asesinato de una diputada pro-remain, y en la que la prensa sensacialista y el UKIP echaron abundante leña, triunfó la opción que apostaba por la salida, revelando la importancia que tenían temas como la seguridad, la inmigración o la identidad para el electorado británico, el hábil uso (léase, si queremos, manipulación) que hicieron de estos términos fuerzas reaccionarias como el UKIP , y la pasividad de muchos jóvenes “pro-remain”, que (muy legítimamente) prefirieron irse de festivales veraniegos a ir a votar. Por encima de todo, una sociedad muy dividida por un discurso envenenado, repleto de medias verdades y que apelaba a los sentimientos, más que a la razón, de ese 52 a 48 que eligió un futuro fuera de la UE para las nuevas generaciones.

Una gran noticia, desde luego, para fuerzas políticas como el Frente Nacional en Francia, que espera impaciente las elecciones presidenciales de 2017 tras 'derechizar' al conservadurismo francés tradicional. O también, para gobiernos como el polaco o el húngaro, encabezados por partidos fuertemente nacionalistas, que han planteado medidas como la creación de Fuerzas paramilitares, renegado de la democracia liberal, e, incluso, cambiado las Constituciones su a imagen y semejanza, como ya sucediera en 2010 con Hungría. Medidas que, evidentemente, han sido vistas con preocupación en las instituciones europeas.

También en nuestras antípodas geográficas, el nuevo presidente filipino, Rodrigo Duterte, se ha jactado de recurrir a asesinatos y fuerzas paramilitares para atajar el tráfico de drogas, abogando públicamente por el exterminio de los drogadictos y rechazando cualquier legislación sobre derechos humanos.

El mes de noviembre también sorprendió a la opinión pública internacional con la victoria del candidato Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca. Tras una campaña en la que no faltaron insultos, descalificaciones personales, comentarios xenófobos y machistas o, incluso, críticas a militares fallecidos, el multimillonario de tez anaranjada que defendía políticas proteccionistas en lo económico, aislacionistas en la política exterior, la expulsión de los musulmanes, el uso de la tortura, y que se jactaba de haber defraudado a Hacienda durante años, salió -aunque no en votos populares- vencedor. De nuevo, un discurso emocional que ha calado en millones de ciudadanos, ante la perplejidad de los otros millones atemorizados al imaginarse a aquél republicano del tupé que escandalizó incluso a la muy conservadora cadena Fox, tomando las riendas del país más poderoso de la Tierra.

Diciembre, sin embargo, daría un respiro en Austria, donde el candidato Van der Bellen, independiente aupado por el partido Verde, derrotaría por estrecho margen al ultranacionalista Hofer, en una repetición electoral que puso en vilo, sobre todo, al electorado urbano del país alpino. Sin embargo, el mismo día el gobierno italiano perdía el referéndum que había convocado en relación con una ambiciosa reforma electoral e institucional. Una figura, el referéndum, que ha tenido gran protagonismo este año, no sólo en el ya mencionado Brexit, sino también con el planteado en Colombia en relación con la firma de la paz con las FARC, cerrando así un conflicto de casi cinco décadas y que, a pesar del apoyo recibido a nivel internacional, no convenció a una mayoría de votantes que lo tumbaron por un estrecho margen.

Otro aspecto de 2016 que nos estremeció a todos fueron los diversos crímenes terroristas sucedidos en el aeropuerto de Bruselas, el 14 de julio en Niza, el atentado en un club gay en Orlando -el mayor sucedido en suelo estadounidense desde el 11-S, o el reciente en Berlín. Todos ellos han sido reivindicados por el DAESH, un grupo insurgente sunní que, desde su visión radical y expansionista del islam, ha conquistado desde mediados de 2014 amplios territorios en Oriente Medio, aunque en la actualidad haya perdido buena parte de éstos. 

Precisamente desde Oriente Medio, y concretamente desde Siria, nos llegan las que quizás sean las imágenes más duras de este año. Un conflicto que empezó con protestas ciudadanas contra el régimen de Bashar el Assad, y que se ha ido recrudeciendo desde 2012, cobrando especial fuerza en él las facciones más radicales de los rebeldes -así como grupos yihadistas y el propio DAESH, aupados por gobiernos como el Saudí, al que medio “Occidente” rinde pleitesía-. A finales de este año la ciudad de Alepo volvía a manos del gobierno sirio, mientras la Rusia de Putin se anotaba un tanto diplomático por haber salvaguardado sus intereses, aun a costa de miles de vidas, hospitales y escuelas que poco parecen importar al autócrata del Kremlin mientras defienda su buena relación con el carnicero alauí.

Volvían a la memoria colectiva nombres como Sarajevo o Ruanda, y se reabría el debate sobre la “responsabilidad de proteger”,doctrina que ya adoptara desde mediados de los 2000 la ONU, en relación a las acciones de la comunidad internacional sobre los Estados que no protegieran a su población. Responsabilidad de proteger ¿a qué precio? ¿con qué medios, además de los militares, si se aceptan?

Entretanto, millones de refugiados (la mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial) han huido de la persecución y las múltiples guerras, muchos de ellos a las fronteras de Europa. Una Europa que tiene aquí una oportunidad -y a la vez, un enorme desafío, en el que están sobre la mesa cuestiones como las políticas de integración o el carácter multicultural de nuestras sociedades- para poner en práctica, no sólo sus obligaciones legales -pues son muchos los convenios internacionales firmados respecto al deber de asilo, ya desde el de Ginebra en 1951-, sino también los valores fundamentales que la constituyen, enraizados en la propia Historia colectiva del S XX, todavía muy reciente.

Se exige, a raíz de todo esto, un discurso en favor de la coherencia en materia de acción exterior, en relación con valores (como la defensa de los derechos humanos) que debían estar también sobre la mesa, además de los intereses puramente económicos o las buenas relaciones diplomáticas. Por poner un ejemplo quizás anecdótico pero muy representativo: creíamos en los avances en las libertades públicas, en la igualdad entre hombres y las mujeres, los derechos del colectivo LGTB, la separación entre la Iglesia y el Estado o en la tolerancia hacia el diferente, pero el gobierno italiano decidió tapar esas estatuas que nos regalaron el Renacimiento y la Razón ante la visita de el presidente de Irán, uno de los países que más profundamente despreciaba tales valores. Menos mal que aún nos quedaba París para recordarnos que hay aspectos que no son negociables.

Ya centrándonos en España, se conseguía formar Gobierno tras meses de negociaciones interminables, vetos mutuos, y repetición de elecciones incluida, que arrojó unos resultados similares a los comicios navideños de 2015, si bien con un ligero repunte del bipartidismo. Sin embargo, la correlación de fuerzas resultante imponía alcanzar acuerdos y ceder, en una cultura del pacto por la que muchos electores abogaban. 2016 cierra, en una España ajena -y esto es algo que celebrar- a discursos xenófobos o ultranacionalistas, con un panorama incierto, en el que el Gobierno se verá obligado a aprobar medidas -como la subida del SMI, la eliminación de algunos aspectos polémicos en materia de educación, o acciones sobre la pobreza energética- en las que la presión de las demás fuerzas políticas se hará patente.

Sacar conclusiones de este 2016 es muy complejo. En relación al fenómeno populista, muchas instituciones y analistas llevan advirtiendo de las profundas desigualdades que genera la globalización -que se han acrecentado con la crisis económica en lo últimos años- y sobre las que los gobiernos deberían adoptar medidas, en forma de políticas públicas. El FMI ya afirmaba, en un informe del pasado diciembre (del que hablamos en este blog) que, si bien la globalización “ofrece potenciales ganancias para todos”, dicho potencial no será aprovechado sin “acciones decisivas de los gobiernos” que “apoyen a quienes sufren los daños colaterales”. También la OCDE y el Banco Mundial instaron a que los gobiernos adoptaran medidas en relación con la lucha contra el fraude o los paraísos fiscales. Asimismo, economistas como Dani Rodrik o Branko Milanovic han alertado de los peligros que causa el aumento de la desigualdad en las sociedades, en relación a la movilidad social, la igualdad de oportunidades o la propia concepción de la democracia misma. Y con ello, el auge del populismo y la banalización de la actividad política.

En mitad de todo ello, se encuentra una Unión Europea que debe esforzarse por crear una narrativa que ilusione a la ciudadanía, sobre todo, a las nuevas generaciones, pero que no olvide tampoco la autocrítica. Una narrativa que debe aunar el recurso a la evidencia y los datos,con el argumentario ideológico, que debe estar también, y de nuevo, presente: durante los últimos años la lógica económica o tecnocrática han pesado muy acusadamente, dejando de lado el recurso al relato, a las ideas como pegamento fundamental que apuntale el discurso político. Así, se defendían medidas "que funcionaran", sin preocuparse de fundamentarlas o explicarlas a una ciudadanía cada vez más crítica y preocupada por la realidad política.

La ideología no debe ser confundida con el partidismo o el sectarismo: las decisiones políticas son ideológicas y no por ello debemos rechazarlas per se. Y ello no obsta, tampoco, a que se dejen de lado los aspectos económicos o legales que se hallan en cualquier política pública. Pero sólo con los últimos no se ganará la batalla de las ideas al populismo y, en general, a los movimientos extremistas, que se hallan bien pertrechados de ellas, logrando moldear hábilmente el debate público. En este ámbito las instituciones tienen un papel muy importante a la hora de ejercer “pedagogía política”.

Son muchas las “promesas” pendientes para este 2017 que entra. Pero a todos nos corresponde, desde nuestras posibilidades, contribuir a que se cumplan.

Los bolcheviques del FMI

Uno de los conceptos que con más fuerza han entrado en el debate público, y sobre todo a raíz del auge de algunos movimientos políticos, es el de “perdedores de la globalización”. Con este término se alude a un heterogéneo conglomerado de sectores que, bien por falta de formación, incapacidad de aprovechar las oportunidades de la apertura de las economías o, en definitiva, por un amplio conjunto de circunstancias adversas (desempleados de edad avanzada, desconocimiento de idiomas, falta de adaptación a cambios tecnológicos, minorías sociales en algunos mercados, etc) no han podido subirse al tren de la globalización.

Indudablemente, el proceso globalizador ha supuesto, en todos los ámbitos, una revolución en la forma de concebir el mundo, tanto a nivel sociopolítico (sociedades más diversas, multiculturalismo) económico (economías interconectadas, importancia clave del comercio), financiero (pensemos en lo rápido que sufrió el mundo la crisis de las “hipotecas subprime”) o cultural, por citar algunos de los aspectos más relevantes. Ello se ha traducido en sociedades más abiertas, más dinámicas, con mayores oportunidades y un nivel más alto de calidad de vida, en el marco de esta denominada “aldea global”. Por ejemplo, a nivel global la renta han aumentado desde 1990, se ha reducido la pobreza extrema (sobre todo en regiones como Latinoamérica o el Sudeste Asiático) y la movilidad de personas supone un enriquecimiento muy valioso para todas las sociedades.

Sin embargo, la cuestión tiene muchas aristas. Según un artículo publicado recientemente por Maurice Obstfeld, consejero del Fondo Monetario Internacional, “durante el último cuarto de siglo, la economía global ha sufrido una transformación sísmica” debido, argumenta, al comercio y a los cambios tecnológicos y políticos. Precisamente este año el Foro de Davos – una reunión de marxistas- hablaban de una “Cuarta Revolución Industrial”, como fenómeno en el que describían -a raíz de la importancia de las innovaciones tecnológicas- unas sociedades con un número minoritario de trabajos de gran cualificación, y otra gran parte de sus poblaciones ocupadas en tareas de escasa índole.

Esta faceta de la globalización es importante. Ya en 2007, en un arrebato bolchevique, el propio FMI tituló un informe semestral como “Globalización y Desigualdad”, reconociendo a ésta como una parte importante de las agendas económicas. Así, según el FMI -que, como todos sabemos, es una institución nada favorable a la globalización y al capitalismo- entre 1990 y 2012 el Coeficiente de Gini, que mide la concentración de renta con valores de 0 -totalmente igualitario- y 1 -totalmente desigual-, ha aumentado para el conjunto de las economías avanzadas. En España, lo ha hecho del 0,32 de 2005 al 0,36 de 2012, un valor relativamente alto si lo comparamos con Italia (0,32) Francia (0,30) o Alemania (0,28). En esto, las clases medias han sido especialmente perjudicadas.

Para amortiguar estos efectos, el artículo reconoce -ya puño en alto- que “los países deben proteger y expandir las ganancias de la globalización a través de políticas que las redistribuyan de forma más equitativa”, entre las cuales menciona, más adelante “impuestos progresivos y políticas de transferencias de gasto” que -en línea con el pensamiento maoísta propio del Fondo- “deben jugar un papel en distribuir los beneficios económicos de la globalización más ampliamente”.

Además -en su línea abiertamente en guerra con el mundo financiero- señala que “necesitamos una coordinación internacional contra el fraude fiscal”. Ello toma el testigo de otra institución, también abiertamente comunista, el Banco Mundial, cuyo presidente abogaba, en 2015, por una recaudación de impuestos más equitativa, apostando por un “crecimiento inclusivo” que redujera las desigualdades. Ya la OCDE -trotskista- lleva hablando de “erosión de las bases fiscales y desplazamiento de beneficios” en relación con el traslado de empresas a lugares paradisíacos, fiscalmente hablando.

La globalización, concluye el artículo de Obstfeld -quizás tras haber cantado varias veces "La Internacional"- “ofrece potenciales ganancias para todos”, pero dicho potencial no será aprovechado, afirma, sin “acciones decisivas de los gobiernos” que “apoye a quienes sufren los daños colaterales”. Igual alguien se ha sorprendido de las afirmaciones de organismos -a los que se vinculaba con el capitalismo más feroz-, como las que citábamos en este artículo. ¿Un nuevo cambio de paradigma, quizás? 

Sea como fuere, ya va siendo hora de tener en cuenta esto en las agendas políticas, entre otras cosas, si no queremos más Le Pens.

Cuestión de 'frame'

Entre los círculos de analistas y politólogos existe un término, muy de moda hoy, que es el de “frame” o “encuadre”. Así, dichos “frames” influyen en nuestras percepciones, ayudan a determinar las decisiones que tomamos y pueden, también, ser modificados para que se amolden a un discurso concreto. El profesor George Lakoff ya desarrolló este concepto en su ensayo “No pienses en un elefante”, en el que describe esta idea, defendiendo la necesidad de que los Demócratas apuntalen un "frame" propio pues, argumenta, el “frame” imperante está dominado por los conservadores (los Republicanos). Lakoff va mucho más allá del ámbito exclusivamente político, centrándose en cómo hasta el enmarcado del lenguaje en una estructura narrativa  motiva los comportamientos en todos los ámbitos de la vida cotidiana (los valores personales, la visión de la realidad, etc.) En el ámbito político, el apoyo hacia determinadas propuestas aumenta si se logra dominar el debate ('moldear el frame') sobre el tema en cuestión. Ello se traduce, en última instancia, en la capacidad de dar forma a las preferencias de la agenda política. Esto, en la actualidad, está cobrando gran importancia, entre otras razones, dado el fuerte peso de la comunicación política y el marketing.

En la actualidad, numerosos acontecimientos políticos conducen a pensar que este 'frame' está cambiando, y siendo moldeado por determinados partidos y tendencias políticas. No es muy aventurado decir que este 'frame' está girando hacia el conservadurismo muy notablemente. Lo vimos en el Brexit, donde la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la UE giró en torno a la identidad nacional, el control de la inmigración y la soberanía, cuestiones que supuestamente se verían reforzadas si se abandonaba el proyecto europeo.

Más adelante, otra de las noticias que nos sorprendió fue el triunfo de Donald Trump, de nuevo, aupado por un discurso populista, proteccionista, plagado de comentarios racistas, sexistas y que, en muchos casos, despreciaba hasta las esencias mismas del Estado de Derecho. Recogía muchos de los elementos que abanderan los movimientos populistas de Europa: discurso simple y emotivo, un diagnóstico sencillo en el que se expone un “pueblo” olvidado y menospreciado por una “élite”, una globalización que sólo conlleva pérdidas económicas y laborales, y que además erosiona las identidades nacionales y/o los “valores tradicionales” (aunque este último elemento no está presente en todos los populismos)

Recientemente, en las primarias del partido “Les Républicains”,en Francia, se ha vuelto a ver reforzado este “frame” en cierto modo. La mayoría de los siete candidatos ofrecían una visión particularmente conservadora de la realidad francesa, en la que los temas estrella eran la globalización, la seguridad y la identidad. El Frente Nacional ha conseguido moldear el “frame” y ha obligado a que el resto de partidos, y muy especialmente a “Les Républicains” - con un sector de votantes que puede dudar entre ambas opciones- a adaptar su discurso, adoptando algunos principios del populismo de derechas. Por ejemplo, se habla de “mundialización” (que es el concepto que usa Le Pen) en lugar de “globalización”, se ponen sobre la mesa cuestiones como eliminar el 'ius soli' para adquirir la nacionalidad (con lo que sólo los hijos de franceses podrán pasar a ser ciudadanos franceses) y han pasado a primer plano valores particularmente tradicionalistas en relación con materias como los derechos del colectivo LGTB o a algunas libertades públicas. Hasta un autócrata ultranacionalista como Vladimir Putin ve con buenos ojos la victoria de François Fillon en las primarias. El triunfo de este candidato ya se ve, por muchos, como un “mal menor” en una hipotética segunda vuelta entre él y Le Pen. Es decir, que ya estamos dando por hecho que no habrá otros candidatos capaces de alcanzar, al menos, el segundo puesto. El 'frame' más conservador vuelve a anotarse un tanto.

El diario británico 'The Guardian' señalaba, en un editorial, a “la habilidad del centroderecha para responder y moldear el mundo tal y como está evolucionando en 2016”, que, en su opinión, “contrasta con la ineptitud del centroizquierda para elaborar respuestas”. Pero no es el centroderecha lo que está cobrando fuerza, sino una derecha fuertemente nacionalista, muy conservadora e identitaria, que en cada país se manifiesta de diferentes formas -y no igual de radical en todos- pero que comparte elementos comunes. Eso sí, muy diferente a la de hace unos pocos años, basta comparar el programa con el que Sarkozy ganó en 2007, mucho más moderado y liberal, con el del candidato actual, Fillon.

'The Economist' también advertía en un artículo reciente de la capacidad de los partidos populistas para moldear la agenda política, ante la eventual pasividad de los partidos “tradicionales” (considerando aquí los “clásicos” conservadores, liberales o socialdemócratas del “establishment”). Dichos partidos que también se están “contaminando”, siguiendo con la comparación que hace este artículo, con el virus de los populistas. Y están haciendo, además, que aguardemos con impaciencia el próximo referéndum en Italia, que plantea profundos cambios institucionales y sobre cuyo resultado puede condicionar el futuro del primer ministro Mateo Renzi, quien ha dicho que dimitiría de salir la opción del “no”. Ello podría dar alas, bien al ambiguo y euroescéptico “Movimiento 5 estrellas” o a la ultranacionalista “Liga Norte”. Y el mismo día, Austria se debate entre un ultraderechista y un independiente ecologista como candidatos a la Jefatura del Estado. 

La sensación con la que muchos observamos estos acontecimientos es también otro “triunfo” de esta corriente que trae en jaque, especialmente, a los demócratas en busca de un antídoto eficaz e ilusionante para la ciudadanía.