¡Qué escándalo, en este local se juega!

 

             Con estas palabras se sorprendía cínicamente el capitán Renault en la mítica 'Casablanca', en una famosa escena de la película que para los que aún no la hayan visto no voy a desvelar. Rescato este guiño cinéfilo para hablar sobre un caso particularmente grave que copa las portadas de prácticamente todos los medios: el espionaje masivo de EEUU a nada menos que 35 países aliados.

 

A estas alturas, no nos debería sorprender que en nuestro 'local' se juega, y me refiero al hecho de que todos los países tengan servicios de inteligencia (espías) actuando desde la legalidad -se supone- y cuya información obtenida puede ser muy valiosa por motivos de seguridad, geoestratégicos, etc. (otra cosa es cómo se haya obtenido esa información...)

Hasta aquí, esto no debería asombrarnos, en un mundo en el que la vida privada vale cada vez menos y la exponemos constantemente cual escaparate (Facebook, twitter, etc.)

 

Lo que realmente es preocupante es que sea EEUU, supuestamente el adalid de la libertad individual y la privacidad, quien haya espiado durante años no sólo a sus ciudadanos -y a una mayoría, según las encuestas, parece darles igual este hecho- sino a los de otros países aliados, saltándose cualquier noción básica de 'soberanía' que se tenga. Argumentan que la seguridad de todos está por encima (y aún si va en contra de) la privacidad de cada uno -algo que haría a Ben Franklin revolverse en su tumba sin duda-.

Es inconcebible, opino, que el Gobierno de Barack Obama admita sin rubor alguno que "todos los países espían" y que "ello sirve para salvar vidas" (¿nos han ejemplificado cuáles?), aun a costa de pisotear la privacidad e intimidad de las personas, espiando llamadas telefónicas, emails y correos de líderes, empresas y ciudadanos. Yendo más lejos, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), no 'contenta' con espiar a ciudadanos estadounidenses, ha expandido su 'misión' a otras naciones aliadas.

 

Así, en Alemania, el enfado ciudadano de un país que sufrió a la Gestapo nazi y a la Stasi comunista ha trascendido hasta convertirse en un tema importante en las pasadas elecciones. A la canciller Angela Merkel no le ha temblado el pulso a la hora de pedir explicaciones, como tampoco se ha hecho esperar la reacción del Gobierno francés a tal efecto, país también afectado por las actividades de la NSA -que el periódico 'Le Monde' ha hecho bien en relatar con detalle-.

 

En España, un país 'jugoso' para la NSA donde según revela el diario 'El Mundo' se 'pincharon' nada menos que 60 millones de llamadas en un mes, la legislación al respecto, afortunadamente, es bastante garantista; así, no se ha registrado el contenido de las llamadas, sino 'sólo' el número de serie de los aparatos que se comunican, el lugar donde se encuentran, el número de teléfono de las tarjetas SIM usadas y la duración de la llamada (también se incluye el uso de internet, el correo electrónico y redes sociales)

Además, el registro de los datos llevado a cabo por la NSA supondría un delito de revelación de secretos recogido en los artículos 197 y ss. en el Código Penal. Por otra parte, la ley española 25/2007 de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicación protege la privacidad de este tipo de informaciones. Por encima de todo, para autorizar la intervención de las comunicaciones telefónicas es necesario el visto bueno de la autoridad judicial...

 

Mientras, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia disfrutan de un "pacto entre caballeros" según el cual estarían a salvo del espionaje de EEUU.

 

Este tema me preocupa especialmente por dos motivos: por un lado, pone en entredicho -una vez más- la legitimidad moral de los Estados Unidos, en un mundo donde países como Rusia y China -que tampoco pueden presumir de ´respetuosos con los Derechos fundamentales'- pujan cada vez con más fuerza en el ámbito internacional. Se les demuestra, además, la poca confianza que debe tener el Gobierno estadounidense hacia sus países aliados, sumiéndolos en un escenario de 'Guerra Fría' que ya creíamos todos haber dejado atrás.

Por otra parte, se intenta justificar la salvaguarda de la "seguridad colectiva" a costa de los derechos y la intimidad individuales, catalogados como "Fundamentales" en la mayoría de ordenamientos democráticos (en España, artículo 18 de la Constitución). El fin debe ser proporcional a los medios y en ningún caso se justifica cualquier medio para alcanzar aquél en un Estado democrático.
El poder del Estado nunca debería ser tan grande como para poner en tela de juicio la anterior afirmación: existen y deben existir servicios de inteligencia, sí, pero sujetos a la legalidad; se espía desde los Gobiernos, sí, pero para ello existen cauces legales -la autorización judicial-  como dique a la acción del poder, que en todo caso deben cumplirse. De no ser así, se dejaría la puerta abierta a cualquier exceso. Sin olvidar el papel que juega Estados Unidos en nuestras relaciones diplomáticas, pienso que se debería protestar claramente contra estos abusos.

 

JFR

 

 

PD: "Aquellos que pueden dejar la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen, ni libertad, ni seguridad." -Benjamin Franklin, padre fundador de los EEUU-.

¿Defender la democracia o limitarla?

¿Debe prohibirse un partido o asociación por la ideología que profese? ¿Tiene la democracia que vigilar las doctrinas que puedan oponerse a su existencia? ¿Hay límites al "pluralismo político" consagrado como uno de los valores supremos del ordenamiento constitucional?

Escribo sobre esto recientemente se debate la posibilidad de prohibir ciertos partidos ultraderechistas - a raíz del vergonzoso asalto a un centro cultural en el que se celebraba la Diada catalana- así como algunas voces piden la inclusión en el Código Penal el delito de "apología del franquismo"´, como sucede en el caso de Alemania con el nazismo. (En este artículo, para hacerlo más sencillo, me centraré sólo en el caso español)

Sin duda, tales ideologías son aborrecibles por cualquier democracia que se precie, y me pregunto si algo tienen que hacer en el mundo de hoy. Al igual que debería suceder con el totalitarismo de izquierdas (léase comunismo, maoísmo, etc.), el fascismo ha sido y debe ser condenado por cualquier régimen democrático, como doctrina totalitaria.

Sin embargo, lo que aquí se plantea es algo distinto. No se trata de condenar políticamente tales doctrinas, sino de reprimirlas penalmente. En definitiva, el debate sobre si en la propia democracia pueden coexistir ideologías que incluso vayan en contra de la misma, buscando incluso su destrucción y la implantación de un modelo social y/o económico radicalmente distinto. En España hay partidos de todo pelaje, y no todos defienden el modelo propio de la Constitución vigente: desde quienes aún creen en el nacional-sindicalismo, pasando por quienes abogan por una nación de campesinos y obreros al estilo maoísta, o quienes sostienen, lisa y llanamente, la total desaparición del Estado. Alejándonos de los ejemplos extremos -y más residuales- sigue habiendo gente que ensalza el Franquismo, habla sin tapujos del "Caudillo", elogia la "Cruzada" (la guerra civil) o justifica los fusilamientos al amanecer. (Sí, en 2013, y no todos ancianos...)

Pues con todo ello, la democracia moderna está indudablemente ligada al valor del pluralismo político. Ello implica que, por delirante que sean las ideas que se profesen, un sistema que se tercie democrático no puede, en mi opinión, prohibir ninguna por el hecho de serlo: nos acercaríamos peligrosamente a un paternalismo más propio de un régimen autoritario (que ocasionalmente permita un "pluralismo limitado") que de una democracia liberal. Y es que el pensamiento, por extremista que sea, no delinque, y debe ser también bienvenido en el debate político, sin miedo ninguno. (Aquello de "no creo en lo que dices pero defenderé tu derecho a decirlo...")

Hay, evidentemente, límites a esto. Las líneas rojas las marcan, entre las más significativas, la prohibición de la apología, es decir, de la difusión pública de "ideas o doctrinas que ensalcen el crimen" y que "induzcan de forma directa a cometer un delito" (artículo 18 del Código Penal) así como lo dispuesto en la Ley de Partidos de 2002. En esta última, en líneas generales, se buscaba la persecución de partidos extremistas pero, concretamente, de aquellos (como Herri Batasuna, en su momento) que legitimasen o estuviesen de alguna forma relacionados con el terrorismo. La Ley hila bastante fino si atendemos a que, básicamente, no persigue a un partido por su ideología sino desde el momento en que éste cometa actos ilícitos, violentos, ampare el terrorismo, etc. Su aplicación, sin embargo, no ha estado exenta de polémica.

Igualmente, existen precedentes judiciales como el "caso Violeta Friedman" que condena -justamente- el negacionismo del Holocausto por la vía -por entonces- de la vulneración del derecho al honor de la demandante, una superviviente del horror nazi (el caso, por cierto, se dirigía hacia un tal León Degrelle -alias José León Ramírez Reina- antiguo colaboracionista belga que vivió durante años en Málaga bajo el silencio (?) de las autoridades españolas...)

Pero en definitiva, en política, las ideas se combaten dialécticamente con el debate político, más si no nos gustan o las rechazamos de pleno. Recurrir al derecho penal, castigando aquellos pensamientos o comentarios (hablo de la" apología del franquismo") que consideremos antidemocráticos no es sino censurarlos, justo lo que hacía el régimen con quienes se oponían al "pensamiento oficial". Y además, ¿Dónde estaría el límite? ¿Se podrían ensalzar las acciones de Franco, pero las de Fidel Castro no, o al revés? ¿Puede usarse una bandera con el águila de San Juan, pero no una con la hoz y el martillo?
Se acabarían imponiendo límites políticos, y serían en última instancia los jueces quienes los decidiesen, (¿un poco arbitrario, no?)

Y como decía aquél pensador,  "aunque se equivoquen, déjales que hablen".

JFR