Los principios, también en política exterior

Recientemente, España ha anunciado su deseo de potenciar las relaciones con Rusia en un amplio abanico de cuestiones, pero sobre todo las económicas, especialmente en ámbitos como el turismo o la energía. De entrada, es algo loable: se puede relanzar el sector turístico -ya de por sí pujante- entre el público ruso. Y en el ámbito de la energía, un sector en el que España se caracteriza por una acusada dependencia energética del exterior, la postura del Ministerio es una buena noticia. 

Sin embargo, el Gobierno español podría, como ya han hecho otros, aprovechar la ocasión para denunciar ante el ejecutivo ruso la persecución hacia la población homosexual por parte de las autoridades chechenas. Según diversos medios y ONGs, se está sometiendo a esta población a una persecución vergonzosa, en la que se arresta y tortura, impunemente, a hombres gays o “sospechosos de serlo”. Gobiernos como el alemán o el francés, así como la Cámara de los Comunes británica ya han condenado los hechos e instado al Kremlin a investigar tal atropello a los Derechos Humanos más básicos.

Y es que una política exterior no puede guiarse sólo por los intereses económicos: también por valores que debemos defender, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que no pueden constituir moneda de cambio alguna.

En la actualidad, estamos viviendo un cambio de paradigma en el que no podemos permanecer impasibles. Mientras EEUU parece renunciar a su papel de hegemon que le caracterizaba tras la Guerra Fría, una ola de cinismo, nacionalismo, proteccionismo y ultraconservadurismo ha recorrido el globo, desde Rusia, pasando por Turquía, algunos países del Este de Europa (Hungría, Polonia), hasta atravesar el Reino Unido postbrexit y dar de lleno en el corazón de Washington. En medio de tan sombrío panorama, se encuentra una UE que, tras perder a uno de sus principales pesos pesados, ha de rearmar su discurso. Pues, al tiempo que no puede contar con los EEUU, uno de sus aliados tradicionales, se ve sometida a los intentos del Kremlin de ejercer su influencia en las políticas internas de los Estados europeos, a los peligros del terrorismo alimentados por una interpretación reaccionaria del Islam; a las dificultades de, en definitiva, apuntalar el edificio en construcción en mitad de un temporal inclemente.

Es en el ámbito de la política exterior donde podemos, especialmente, poner en práctica nuestros principios. Como recordaba el profesor Núñez Villaverde, “debe existir una coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones”, entre lo que los Gobiernos defienden dentro de nuestras fronteras, y lo que manifiestan fuera de ellas. Dicha coherencia puede ponerse de manifiesto, de entrada, alejándonos de esta corriente que por lo cínica, simplista y maniquea resulta hasta fácil de abrazar, y que se resume en lo siguiente: el mundo es un lugar peligroso, en el que cada actor busca su propio beneficio, incluso por encima de sus principios, sin que exista una “comunidad internacional” como tal. Esta idea, que con palabras similares plasmaron en el Wall Street Journal McMaster y Cohn -asesores de la Administración Trump- supone dar un cheque en blanco a una visión regresiva y, si lo llevamos al extremo, hasta darwinista, de lo que implican las relaciones exteriores de un Estado de Derecho. El paradigma wilsoniano, que abanderaba teóricamente la lucha por los derechos humanos en la acción exterior, es sustituido por otro, si queremos, maquiavélico, en el que sólo importa la “razón de Estado”. Esto es lo que el 'America first', por encima de la defensa de los derechos humanos, de la lucha contra en cambio climático, o del comercio internacional entre otros ámbitos, parece encerrar.

Europa no puede caer en tales concepciones. Nuestro continente ha decidido abrazar unos principios, recogidos en diversos Tratados vigentes, que son (o deberían ser) innegociables.

Quizás, en un exceso de autoconfianza o de ingenuidad, hemos dado por conquistados tales principios. Pero es precisamente, cuando están amenazados, cuando debemos defenderlos y plasmarlos en las agendas políticas. En los últimos años, como recuerda Tony Judt, una tendencia “antiideológica” parece haber cedido en aras del pragmatismo, cuando no del relativismo (“todo vale”). No se trata de rechazar de pleno estos últimos o de enarbolar la politización absoluta de la cosa pública, y menos de establecer unos “valores inmutables” blindados a toda crítica, pero sí de admitir que existen valores inherentes a cualquier sociedad que se precie civilizada (sea “occidental” o no). Probablemente sea necesario, al fortalecer el relato europeísta, una repolitización...pero esto es ya para otro artículo.

Volviendo al papel de los principios que comentábamos antes, no pueden ponerse sobre la mesa y supeditarlos a intereses monetarios, como si de una vulgar partida de póker se tratara, principios como la dignidad de las personas, la seguridad, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de la igualdad de oportunidades o el libre desarrollo de las personas al margen de su credo religioso, orientación sexual, etc.

Y es que, en el momento en que un acuerdo de suministro de material militar (p. ej, con Arabia Saudí) pesa más que la seguridad de quienes pueden verse amenazados por el DAESH; que construir un gaseoducto con Rusia supone callar ante los abusos a los DDHH que el país efectúa; o que el establecimiento de empresas en China implica canjear beneficios económicos por derechos laborales básicos, estamos admitiendo que los principios cuentan, pero hasta cierto punto. Si bien sería iluso afirmar que los principios no pueden admitir gradaciones (pues algunos, como la dignidad o la igualdad, pueden ser más importantes que otros), y que debe existir, con matices, una proporcionalidad entre medios y fines, en ningún caso un Estado de Derecho puede abrazar la máxima de que “el fin justifica los medios”.